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| Pandora |
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| Celebradas o denostadas desde siempre, consumidas en el marco de la legalidad o la ilegalidad, las drogas han existido en todos los pueblos y culturas, y, seguramente, siempre existirán. Una verdad de perogrullo que la eternizada guerra internacional contra su producción, distribución y consumo parece neciamente ignorar: el problema no reside en la dañina potencialidad de determinadas sustancias psicoactivas, sino en el empleo más o menos adecuado, más o menos responsable que se hace de ellas. A esa dualidad apunta precisamente la noción de fármacon: el remedio que cura porta también la capacidad de matar, el veneno que mata, la capacidad de curar. Lo que resulta válido para aquellas drogas que circulan en la penumbra del mercado negro o se adquieren a la luz de la prescripción médica en cualquier farmacia. La polémica suscitada por el proyecto de despenalización del consumo de sustancias prohibidas vuelve a poner la cuestión en debate: ¿la práctica de ese consumo debe ser encuadrada en la grilla de la patología mental o en la de la criminalidad? Consecuentemente, ¿el usuario debe ser considerado un enfermo o un delincuente? Es notable que en el paroxismo de la lógica de mercado imperante a nivel global, no se visualice el recurso a las drogas, por penoso o repudiable que se lo considere, como un caso particular de consumo individual. Y no tanto porque el artículo 19 de la Constitución Nacional dé amparo a los derechos ciudadanos en el ámbito de los actos privados, sino, además, porque las otras dos alternativas han demostrado conducir a un inexorable fracaso. La opción dilemática entre la prisión o el tratamiento coercitivo no sólo sanciona, en los hechos, un destino personal y social prácticamente irreversible; ocurre que las cárceles y los espacios colectivos de rehabilitación no voluntaria constituyen, paradójicamente, el territorio más propicio a la circulación ilegal de todo tipo de drogas. La despenalización del consumo sería en ese sentido sólo un primer paso. No es difícil constatar que la criminalización de la simple tenencia como la de la actividad ilegal de su comercialización no ha tenido el efecto disuasivo que se pretendía inicialmente. Lejos de ello, la ilegalización demuestra atentar contra cualquier posible racionalidad del consumo, alentando una nociva adulteración de la pureza de las sustancias en juego, y dando origen a otras mucho más destructivas como la pasta base o el paco; las cárceles se han llenado de ocasionales mulas y pequeños dealers carentes de protección policial; la corrupción generada por la persecución militarizada del narcotráfico a nivel mundial y las guerras entre cárteles han producido muchísima más devastación y muertes que los propios efectos deletéreos de las drogas en sí. Las consecuencias de la prohibición del alcohol en los años ’20 con la famosa Ley Seca en EE.UU. representan, al respecto, un antecedente contundente de esa agudización de un flagelo que su represión se proponía erradicar. Es en ese macro marco social, económico y político, caracterizado por una violencia sin límites, el dispendio de cifras multimillonarias dedicadas a su combate, el lavado del dinero producido por su tráfico ilegal, en el que se desarrolla la micro relación del toxicómano con su droga; el contexto de una toxicomanía de masas que afecta en especial a los más excluidos del planeta, carenciados de los mínimos recursos subjetivos que le permitirían incluir esa relación en una vertiente superadora. Y aún así, en esas coordenadas anonimizantes, intentamos, cada vez, uno por uno, que el sujeto convierta su tránsito por las drogas en una experiencia. |
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